AÑO I - Nº1, DICIEMBRE 2002
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ISSN 0718-123X   

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PRESENTACIÓN
EDITORIAL
 

Instituciones sordas y ciudadanos mudos .
Eolo Díaz-Tendero E. (Depto. Gobierno y Gestión Pública)

 

Estabilidad macroeconómica, crecimiento y equilibrio fiscal: El caso del presupuesto 2003.
- Leonardo Letelier S. (Depto. Gobierno y Gestión Pública)

 
Vigencia de Maquiavelo.
Carlos Miranda V. (Depto Ciencia Política)
 
¿Hacia un nuevo modelo de universidad?.
Raúl Urzúa F. (Depto. Políticas Públicas)
 
La cobertura de la información sobre seguridad ciudadana por parte de los medios de comunicación.
Hugo Fruhling - Cecilia Dastres. (Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana)
 

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EDITORIAL
Trascender el dilema estado-mercado: un enfoque sociocéntrico

Osvaldo Sunkel W.
Director INAP

Desde diversas perspectivas se busca en los últimos años un reencuentro con la antigua temática del desarrollo socioeconómico, rebautizado ahora "sustentable", y que se muestra cada vez más esquivo. Este fue el gran objetivo que se plantearon los gobiernos y las sociedades de América Latina y del mundo subdesarrollado a mediados del siglo pasado. Los logros del esfuerzo realizado con esa orientación entre las décadas de 1950 y 1970 en materia de industrialización, modernización y mejoramiento social fueron considerables en la mayoría de los países de la región.

Sin embargo, dicho proceso se agotó posteriormente por diversas causas: la persistencia y agravamiento de serios desequilibrios socioeconómicos y la agudización de profundos conflictos políticos internos, los efectos de las crisis del petróleo y de las finanzas internacionales, la aceleración de los fenómenos interrelacionados de la globalización y de la nueva revolución tecnológica, y sobre todo, el creciente predominio de la ideología y la praxis neoliberales, que si bien emergió ya en la década de 1970, se generalizó abrumadoramente solo después de la crisis de la deuda externa a comienzos de 1980 y con el posterior colapso del mundo socialista.

El objetivo del desarrollo, que se había concebido como una área de trasformación tecnológica, productiva y social de largo plazo impulsada desde el estado, fue reemplazado en la mayoría de los países, debido a sus agudas crisis financieras, por una preocupación prioritaria respecto a la estabilidad monetaria y financiera. Al correspondiente e inevitable ajuste macroeconómico de corto plazo siguió sin embargo un proceso de reestructuración institucional destinado a lograr la apertura externa, la liberalización y desregulación de los mercados y la privatización de las empresas y servicios públicos, con la correspondiente jibarización del estado. La tarea del desarrollo quedó entregada al mercado y la empresa privada, con un rol subsidiario para el estado.

Esta fase de profunda reorganización estructural lleva alrededor de dos décadas. Los resultados fueron dispares y contradictorios desde el comienzo. Por un tiempo, se recuperó el crecimiento después de la "década perdida" de los años 80, lográndose abatir la inflación y obtener mejores equilibrios macroeconómicos. Pero gran parte de estos logros se han esfumado en el reciente "quinquenio perdido", desde la irrupción de la crisis asiática en 1997. Los resultados más negativos, con unas pocas excepciones, fueron una gran inestabilidad económica acompañada de un severo, sistemático y catastrófico deterioro social y político en muchos países.

La controversia se polariza entre los partidarios del neoliberalismo, que no obstante sus crecientes problemas prometen un futuro esplendor si se persistiera en sus políticas, y sus críticos, que en virtud de los mediocres resultados económicos recientes y las preocupantes consecuencias sociales y políticas, anticipan situaciones cada vez más graves. De esta manera el debate cultural, sociopolítico y económico contemporáneo se encuentra entrampado por un reduccionismo binario ahistórico en que se oponen en forma irreconciliable nostálgicas críticas estatistas a promisorios escenarios neoliberales.

Para trascender ese dilema paralizante conviene reconocer que se trata de un proceso histórico. El estado como impulsor del desarrollo comenzó a reinar desde mediados del siglo pasado, como consecuencia de las dos guerras mundiales y de la profunda crisis económica y sociopolítica internacional de la década de 1930. Tomó su forma más extrema en la Unión Soviética y los demás países del bloque socialista, que adoptaron la planificación económica centralizada y el control sociopolítico y cultural del Partido Comunista, con el fin de crear un aparato productivo moderno en sociedades muy atrasadas. En el mundo capitalista desarrollado la respuesta fue variada. Durante un breve período, en las potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón, y por bastante más tiempo en España), prevaleció también el partido único nacionalsocialista o fascista en lo político y cultural, y una estrecha asociación del estado con la gran empresa capitalista en lo económico, con la finalidad básica de prepararse para la guerra. La versión estadocéntrica más moderada, que buscaba combinar estado con mercado y democracia, de inspiración keynesiana, se dio en los países industriales de América del Norte y Europa, con un énfasis fundamentalmente redistributivo, aunque sin descartar algunas acciones del lado de la estructura productiva. En Estados Unidos fue el New Deal, con el objetivo principal del pleno empleo, aunque también con fuertes subsidios al sector agropercuario y grandes proyectos de infraestructura y desarrollo regional. En Europa el estatismo se plasmó en diversas formas del Estado de Bienestar: el socialismo laborista británico, las socialdemocracias noreuropeas y las economías sociales de mercado demócratacristianas principalmente en Alemania e Italia. Todas se centraban en el pleno empleo, la provisión de servicios sociales públicos y, en mayor o menor medida, la estatización de las empresas de servicios públicos y de infraestructura. Con el agregado trascendental de la integración europea, que más allá de la liberalización del comercio incluyó un apoyo "desarrollista" masivo a los países y regiones más atrasados.

En el Tercer Mundo -los países subdesarrollados- el estatismo tomó la forma del desarrollismo, con gran variabilidad de los grados relativos de estatización y mercado. Hubo fuerte intervención y acción del estado, más que en las economías capitalistas desarrolladas, pero sin suprimir el mercado. Aunque se trató de planificar el desarrollo económico dentro del contexto capitalista, hubo más planes que planificación efectiva, combinando propiedad privada y pública de los medios de producción con mercados más o menos regulados. Los principales objetivos eran la industrialización, la integración del mercado interno, la inversión en infraestructura, la modernización de la agricultura y las políticas sociales. En lo político, un amplio espectro y alternancia entre intentos más o menos logrados de democracia y dictadura.

El sistema de relaciones internacionales también se reorganizó a partir de la acción de los estados. Las instituciones de Bretton Woods (FMI, BM, GATT), los bancos regionales de financiamiento del desarrollo, como el BID, y las instituciones de cooperación internacional constituyeron un sistema público de relaciones económicas internacionales, encargado de reemplazar los flujos financieros y de inversión privados que habían desaparecido con la Gran Depresión y de rescatar el comercio internacional del proteccionismo heredado de la crisis y la guerra.

Desde fines de los años cuarenta, todas las áreas del mundo, incluyendo la América Latina, experimentaron la fase más exitosa de crecimiento económico y mejoramiento de las condiciones de vida de que se tenga registro histórico. Fue la Edad de Oro tanto del capitalismo como del socialismo y los sistemas mixtos. Se duplicó con creces el ingreso per cápita, hubo progresos notables en los indicadores sociales, se redujo la pobreza, aumentó la productividad y se expandió, modernizó y diversificó considerablemente la capacidad productiva. Sin embargo, en la mayoría de los países este ciclo llegó a su fin en los años setenta por múltiples motivos internos e internacionales, no sólo económicos sino también socioculturales y políticos.

El péndulo binario entre estado y mercado se volcó desde entonces hacia el mercado. La era del fundamentalismo mercadocéntrico comenzó en 1975 en Chile, cuando los llamados Chicago Boys se encargaron de la política económica del gobierno de militar. Se confirmó después con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña y se propagó al mundo entero en alas de la crisis del ciclo estatista, la globalización financiero-informática, el predominio del capital financiero sobre el productivo, la revolución ideológica neoliberal y el colapso del mundo comunista. Las políticas públicas correspondientes son bien conocidas: apertura de la economía, reducción del papel del estado, confianza ilimitada en la empresa y las inversiones privadas y el mercado, privatización de empresas y servicios públicos, liberalización y desregulación de los mercados, especialmente la "flexibilización" del mercado laboral. El llamado "Consenso de Washington". El desarrollo económico y social sería el resultado final y corolario de este conjunto de políticas.

En su expresión internacional, la concepción mercadocéntrica se apoya y promueve la globalización, tanto en cuanto fenómeno objetivo y real como sobre todo en su dimensión normativa de propuesta ideológica. Ello coincide con la gigantesca expansión de las corporaciones trasnacionales y sobre todo del sistema financiero privado internacional. Ello ha relegado a un plano muy secundario en el sistema internacional a las instituciones públicas multilaterales, excepto en lo que se refiere al policiamiento de las politicas neoliberales. De este modo, también se ha privatizado el sistema internacional, generándose un dramático vacío de gobernabilidad internacional y una gran volatilidad financiera global.

Ahora se reconoce ampliamente que los resultados del ciclo neoliberal dejan mucho que desear. En el mejor de los casos latinoamericanos, el chileno, no obstante un crecimiento económico excepcional durante más de una década y media, hasta 1997, la población daba muestras de una tal desafección sociocultural y política que la otrora ampliamente mayoritaria combinación gobernante estuvo a punto de perder el poder en la última elección presidencial. Claramente, ¡no sólo de incrementos del PIB viven las personas! En el resto de América Latina y en el mundo en general los resultados son sumamente preocupantes: crecimiento económico insuficiente y altamente inestable y volátil, enorme concentración de los ingresos y del poder económico, aguda y creciente desigualdad tanto en los propios países desarrollados como en los subdesarrollados y una cada vez más abrumadora distancia entre ellos, pérdida de los bienes, servicios y espacios públicos, con fuerte exclusión social, pobreza y grave deterioro ambiental. La democracia, aparentemente el principal logro político, también se ha ido desvirtuando y está severamente amenazada en muchos países.

En esta sucesión histórica binaria de estado y mercado se ha transitado desde una matriz socio-cultural, política y económica predominantemente estadocéntrica a otra excluyentemente mercadocéntrica. Sin embargo, es evidente que estado y mercado son sólo medios para un fin superior; el bienestar de las personas y las familias, que en su conjunto constituyen la sociedad civil. La comprensión de la problemática contemporánea del desarrollo requiere urgentemente de la elaboración y aplicación de una visión o concepción sociocéntrica, que trascienda y supere el falso dilema ahistórico y estático que opone binariamente estado a mercado. Es preciso comprender que se trata en realidad de un proceso histórico dialéctico en que a una fase histórica predominantemente estadocéntrica sucedió otra prioritariamente mercadocéntrica. Al comenzar esta última a enfrentar dificultades en su evolución comienza a emerger una tercera opción que denominaré sociocéntrica porque viene impulsada por el fortalecimiento de la sociedad civil y sus nuevas demandas.

Esta exigencia se deriva de un fenómeno que tal vez no ha sido debidamente apreciado. A raíz de los efectos de las transformaciones económicas, sociodemográficas, educacionales y tecnológicas de las últimas décadas y de las que están en curso en nuestros países y en el mundo entero, la sociedad civil se ha ampliado, fortalecido, diversificado, complejizado y movilizado. Ha ido adquiriendo en ese proceso nuevas formas de articulación y de acción mancomunada, particularmente entre sus segmentos tradicionalmente postergados, marginados y excluidos, como los étnicos, de género, etáreos y de las regiones y comunidades locales, así como en función de nuevas demandas de participación sociopolítica y cultural, ambientales, de transparencia administrativa, de derechos humanos y del consumidor, constituyéndose en nuevos actores sociales no tradicionales.

Se trata entonces de poner al estado y al mercado al servicio de la sociedad civil. El fortalecimiento de la ciudadanía requiere un ajuste tanto del estado como del mercado a las nuevas necesidades de las personas y la sociedad civil. Para ello se debe profundizar la democracia y la participación ciudadana, de modo de comprometer al estado con la sociedad civil, dotándolo al mismo tiempo de la capacidad de orientar y regular el mercado, incluyendo la creciente exigencia de responsabilidad social de la empresa privada, a fin de que cumpla tanto sus insustituibles funciones de asignación de recursos privados como también sus compromisos sociales y de desarrollo sustentable.

El concepto de sociedad civil no es fácil de definir, característica que por lo demás comparte con los de estado y de mercado, con los que además se traslapa en cierta medida. Pero incluye, según diversas tradiciones intelectuales, líneas temáticas relacionadas con la solidaridad, la asociatividad, la ciudadanía, la participación, el espacio público, el capital social y la comunidad. Se trata en concreto de instituciones, organizaciones y comportamientos situados entre el estado, las empresas y las familias, que incluyen las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones filantrópicas, los organismos no gubernamentales, los movimientos sociales y políticos, diversas formas de participación, así como los valores y patrones culturales que los caracterizan. Todo ello constituye el conjunto de pistas que habría que identificar y profundizar para definir acciones y políticas públicas destinadas al fortalecimiento sustentable de la sociedad civil y al fortalecimiento y mejoramiento de sus formas de relación con el estado y el mercado, dentro de una nueva concepción sociocéntrica del desarrollo.

El reencuentro con la temática del desarrollo requiere por consiguiente una percepción renovada de la sociedad civil y de sus relaciones con el estado y el mercado, con una visión de largo plazo, estratégica, con sentido de misión y una imagen objetivo; un verdadero proyecto país, que responda prioritariamente al imaginario social de lo que las personas, las familias, las agrupaciones sociales y el conjunto de la sociedad civil anhelan, buscan, necesitan y demandan. Esta nueva realidad emergente surge también, por una parte, de exigencias materiales insatisfechas derivadas de la pobreza, la inequidad y el deterioro de la calidad de vida, que el mercado es incapaz de proporcionar a la mayoría por su falta de horizonte social. Esta realidad material contrasta violentamente con la espléndida realidad de una minoría y la ilusoria realidad virtual que promete a todos el omnipresente mensaje mediático, realidades todas que el estado, no obstante sus esfuerzos en ese sentido, tampoco ha logrado corregir debidamente. Por otra parte, de la contradicción entre los valores y la ética de la democracia -justicia, libertad, respeto, tolerancia, pluralismo, reconocimiento, participación, ciudadanía, diversidad, solidaridad- y la realidad de amplios sectores sociales emergentes que anhelan convertirse en actores sociopolíticos y culturales significativos pero tropiezan con la ausencia de los espacios públicos y los medios adecuados para concretar sus aspiraciones socioculturales y políticas insatisfechas. En democracia, estas nuevas demandas sociales requieren abrirse paso para comenzar a expresarse poderosamente en lo político y modificar los tradicionales juegos de intereses que movilizan las fuerzas políticas constituidas y las instituciones que enmarcan su accionar, las que deberán tratar de conciliar estas nuevas demandas con las más tradicionales y establecer prioridades políticamente viables en el contexto de un patrón de desarrollo sociocéntrico.

Brevemente, se trata de concebir el desarrollo de otra manera. No como una aspiración "modernizadora" estrecha de algunas elites que se apropian del aparato del estado para imponerle su visión a la sociedad, sino como el producto de un conjunto de demandas de la sociedad misma que se articulan y manifiestan democráticamente en lo que podría constituir un nuevo contrato social y se traducen y adquieren eficacia a nivel del estado mediante una renovación de las políticas públicas. La sociedad movilizando al estado y este orientando al imperfecto pero insustituible mercado, de eso se trataría en el enfoque sociocéntrico. Cumplir con las correspondientes funciones y objetivos socioculturales exige que lo político - expresado a través del estado y las políticas y la gestión públicas- conduzca una transformación económica inspirada simultáneamente en las demandas de la sociedad y en la necesidad ineludible de insertarse dinámicamente en la economía global.

 

 

AGENDA PÚBLICA / AÑO I– N° 1- Diciembre 2002

®Agenda Pública, Preparada por el Departamento de Gobierno y Gestión Pública
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.