AÑO I - Nº1, DICIEMBRE 2002
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ISSN 0718-123X   

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PRESENTACIÓN
EDITORIAL
 

Instituciones sordas y ciudadanos mudos .
Eolo Díaz-Tendero E. (Depto. Gobierno y Gestión Pública)

 

Estabilidad macroeconómica, crecimiento y equilibrio fiscal: El caso del presupuesto 2003.
- Leonardo Letelier S. (Depto. Gobierno y Gestión Pública)

 
Vigencia de Maquiavelo.
Carlos Miranda V. (Depto Ciencia Política)
 
¿Hacia un nuevo modelo de universidad?.
Raúl Urzúa F. (Depto. Políticas Públicas)
 
La cobertura de la información sobre seguridad ciudadana por parte de los medios de comunicación.
Hugo Fruhling - Cecilia Dastres. (Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana)
 

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Estabilidad macroeconómica, crecimiento y equilibrio fiscal
El caso del presupuesto 2003

Leonardo Letelier
Departamento de Gobierno y Gestión Pública

Estabilidad macroeconómica y crecimiento

La ciencia económica está al servicio de explicar el proceso de creación y distribución de riqueza que tiene lugar en la economía. En este marco, los urgentes requerimientos de un acceso a niveles mínimos de vida por parte de los aproximadamente 2.884.000 individuos pobres en Chile, más una larga lista de demandas sociales de gran importancia para los niveles de ingreso medio, son por esencia un problema en torno al cual esta disciplina puede hacer un gran aporte. En este aspecto cabe señalar que todos los objetivos económico-sociales requieren dos conjuntos de condiciones básicas para ser alcanzados. Uno es el cumplimiento de condiciones "necesarias" para el logro de ciertas metas. El otro es la consecución de condiciones "suficientes".

En el logro de un nivel de vida más alto de la población, es evidente que una condición necesaria, aunque no suficiente, es el incremento rápido y sostenido del ingreso por habitante. Si bien nada garantiza que ello redundará en un mejoramiento equitativo en la calidad de vida de la población, es evidente que sin nada adicional que repartir no habrá suficientes recursos públicos para fortalecer el papel del Estado en la esfera social, ni habrá tampoco suficientes empleos para garantizar condiciones laborales estables en el tiempo. Cabe a continuación preguntarse cuáles son los factores que nos permiten crecer. Nuevamente en este tema concurren un conjunto de condiciones necesarias, si bien ninguna de ellas es por si sola suficiente para garantizar el crecimiento.

Uno de los numerosos beneficios de la globalización ha sido el consenso alcanzado en ámbitos muy diversos del debate académico. Uno de esos ámbitos es el reconocimiento generalizado de que sin equilibrio macroeconómico, no tendremos un crecimiento sostenido en el tiempo, y no podremos por lo tanto alcanzar la meta de mejoramiento en la calidad de vida de la población enunciada anteriormente. La referida estabilidad implica la prevalencia de estabilidad de precios en un marco de equilibrio externo y disciplina fiscal. La experiencia chilena reciente ha sido mirada con interés en la esfera latinoamericana, no sólo por haber innovado prematuramente en ámbitos muy diversos de su política de desarrollo a largo plazo, sino también por haber implementado diversos arreglos institucionales tendientes a garantizar la estabilidad macroeconómica. Si bien nuestra economía ha crecido poco en los últimos años, aun sigue destacando en la región. Un aspecto que la diferencia es su notable desempeño en materia fiscal y su manejo prudente y acertado del sector externo.

Los instrumentos de la estabilidad macroeconómica

Dos son los pilares básicos de la estabilidad macroeconómica en Chile. El primero es la llamada "autonomía del Banco Central", circunstancia que desde 1989 ha transferido a este organismo dos responsabilidades básicas. Una es la estabilidad de precios a través de un manejo tecnificado y prudente de la política monetaria. El otro es el equilibrio externo. En ambos casos, el organismo referido ha logrado consolidar su imagen como un factor de garantía en las materias de su competencia. La experiencia de autonomía del organismo emisor en Chile ha sido imitada por sus pares latinoamericanos en un esfuerzo por evitar amargos episodios inflacionarios del pasado.

El segundo pilar es el compromiso de equilibrio fiscal asumido por el gobierno. Aunque en este aspecto no existe una ley que garantice dicho equilibrio en forma permanente, la historia de los últimos diez años ha mostrado un compromiso sólido del gobierno por mantenerlo. Lo anterior se ha manifestado en una significativa reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB, y un déficit efectivo que ha fluctuado entre en 1.9 y el -1.5 por ciento. A partir del año 2001, se introdujo además una regla de equilibrio fiscal que ha sido celebrada por un amplio espectro de actores políticos. Esta consiste en que la expansión del gasto público debe ser consistente con un "superávit estructural" del 1% del PIB. Dicha meta se calcula como el superávit que el sector público hubiese tenido en el evento de que la economía creciera a una tasa compatible con el pleno empleo de los recursos productivos, y que el precio del cobre registrara un precio equivalente al equilibrio de largo plazo. A pesar que subsiste el debate en torno a la correcta definición del crecimiento "potencial" de la economía, y a la estimación del precio del cobre en el largo plazo, no es menos cierto que la regla señalada constituye una referencia de gran valor tanto en la esfera interna como externa. Por una parte, garantiza al sector privado local un horizonte más largo de estabilidad, hecho que facilita la creación de nuevos empleos y reduce la incertidumbre en torno a la rentabilidad de las inversiones. Por la otra, fortalece nuestra imagen externa, con el consiguiente beneficio en términos de mejor acceso al crédito y a la inversión extranjera directa.

El presupuesto 2003

Los antecedentes básicos sobre expansión fiscal y su relación con el endeudamiento público y el crecimiento de la economía se encuentran en la tabla adjunta. De ella se desprende que con la excepción de 1997 y el 2000, todos los años indicados exhiben un porcentaje de crecimiento en el gasto fiscal superior a la expansión del producto. Esto es particularmente claro en los años de menor actividad económica, destacando 1999, en que el producto registró una caída del 1% a la vez que el gasto fiscal aumentaba en 4.5%. Algo semejante se repetirá en el presente año, en que no obstante el supuesto 4.5% de crecimiento del PIB asumido en la elaboración del presupuesto, la cifra efectiva se encontrará más cercana al 2%.

Si bien la expansión del gasto real para este año está prevista en un 3.8%, el supuesto en torno al crecimiento de la economía es muy conservador (2.3%). Se suma a esto una proyección de $ 711.5 para el precio promedio del dólar y una libra de cobre a un valor de 71.2 centavos de dólar. Todo lo anterior constituye un paso en la dirección de consolidar la meta de equilibrio fiscal como un eje central de la política económica.

Cabe hacer notar que si bien el presupuesto 2003 contempla un déficit efectivo de -0.7 del PIB, este es fácilmente financiable a través de nueva emisión de deuda pública. En particular, el financiamiento del tesoro público contempla un endeudamiento adicional por US$ 1.325.641 (miles), lo cual no debiera alterar sustancialmente el porcentaje de deuda pública en relación al PIB referido en la tabla. De acuerdo a información reciente emitida por la DIPRES, este endeudamiento se compara favorablemente con países como Argentina, Polonia y Sudáfrica, en que la cifra equivalente alcanza un porcentaje de entre 40 y 50%.

Desafíos futuros en el manejo fiscal

Existen a lo menos dos ámbitos en los cuales la administración de las cuentas públicas enfrenta un desafío hacia el futuro. Uno es la consolidación del compromiso de equilibrio fiscal antes referido, el cual se expresa en la mantención por un número significativo de años, de la meta del superávit estructural del 1% del PIB. A diferencia de la autonomía del Banco Central, la meta señalada sólo constituye un compromiso político fácil de romper, y respecto del cual sólo su implementación sistemática en el tiempo puede generar la los frutos de estabilidad que se esperan. Cabe reconocer que siempre, y muy particularmente en períodos de bajo crecimiento y relativa cercanía con eventos electorales en los cuales el gobierno en ejercicio pone en juego su permanencia, la autoridad fiscal se enfrentará con la tentación de financiar un presupuesto expansivo a través de deuda, transfiriendo a las generaciones futuras el costo de los intereses y la consiguiente menor disponibilidad de recursos públicos para fines sociales e inversión.

El segundo desafío se vincula estrechamente con el anterior, y se refiere a necesidad de mejorar el grado de transparencia en la cuentas fiscales. Ello ha sido objeto de debate en el trámite de aprobación del presupuesto 2003, y constituye una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. No obstante los notable avances logrados en el marco del reporte sobre deuda pública desarrollado por el Ministerio de Hacienda en Octubre de este año, y a la significativa reducción en el porcentaje de gastos reservados incluidos en el presupuesto, aún existe poca claridad en torno al número de personas contratadas en el sector público, siendo el volumen y utilidad de los pagos en base a convenios de honorarios un elemento susceptible de mejorar. La mayor transparencia en el uso de los recursos públicos siempre fortalece el grado de "accountability" de la autoridad política frente a la opinión pública, mejora la calidad del debate académico sobre el tema y fortalece la imagen interna y externa del gobierno.

 

 

AGENDA PÚBLICA / AÑO I– N° 1- Diciembre 2002

®Agenda Pública, Preparada por el Departamento de Gobierno y Gestión Pública
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.