Agenda Pública

El pasado 10 de agosto la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que establece un Régimen de Garantías en Salud, conocido como Plan AUGE. Con esto, el Presidente Lagos podrá promulgar como Ley de la República el proyecto central de una de las iniciativas más emblemáticas de su gobierno, como es la Reforma de Salud. En este artículo discuto algunos aspectos de la Reforma de Salud, y específicamente del Plan AUGE, en relación con su contribución a la equidad en salud. Para ello, estructuro el artículo en cinco partes. En la primera parte describo algunos aspectos de la Reforma de Salud, incluyendo sus objetivos y los principios que la orientan. En la segunda parte me refiero los contenidos del Plan AUGE, describiendo las lineamientos generales que el Proyecto establece para la priorización de las atenciones y las posibilidades que tendría la sociedad civil de incidir en este proceso. Prosigo con un análisis sobre los efectos de la eliminación del Fondo de Compensación Solidario, punto que vulnera uno de los principios centrales de la Reforma, al mismo tiempo que cuestiona el éxito de la implementación del AUGE. En la cuarta parte me refiero a la priorización en salud y su relación con la equidad en salud, destacando que no existe consenso sobre los criterios que permiten una justa distribución de los recursos. Un análisis del proceso de priorización puede arrojar luces sobre su legitimidad, entendiéndola como condición necesaria para su implementación. Por último, discuto los probables efectos del Plan AUGE sobre la equidad en salud. Planteo que estos efectos serán limitados, puesto que las condiciones de salud no dependen exclusivamente del acceso a los servicios de atención de salud. La salud es un fenómeno multidimensional. Por eso, el logro de la equidad en salud requiere de acciones intersectoriales orientadas al logro de mayores niveles de justicia social.

En su primer discurso presidencial del año 2000, el Presidente Lagos anunció la preparación de un proyecto de Reforma de Salud centrada en los derechos y garantías de los pacientes (posteriormente denominados "personas") y basada en un esquema de financiamiento solidario. Como resultado, se elaboraron 5 Proyectos de Ley que fueron presentados al Congreso en los años 2001 y 2002 y que están orientados a distintas materias: Régimen de Garantías en Salud; Nuevos Sistemas de Atención; Derechos y Deberes de las Personas en Salud; Regulación de ISAPRES; Autoridad Sanitaria y Sistema de Gestión; y Financiamiento. A la fecha (agosto 2004) sólo el proyecto de Autoridad Sanitaria y Gestión ha sido promulgado como ley (Ley 19.937). Sin embargo, se promulgaron dos leyes relacionadas con estas materias. La primera, de financiamiento, determina alzas de IVA e impuestos para financiar el Sistema de Protección Social Chile Solidario y la Reforma de la Salud. La segunda, de ISAPRES "corta", establece normas de solvencia para las ISAPRES y una serie de mecanismos orientados a proteger de mejor forma los derechos de los afiliados (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2003).

En conjunto, los 5 proyectos de la Reforma de Salud se orientan al logro de los objetivos sanitarios fijados por el MINSAL para el decenio 2000-2010: a) Disminuir las desigualdades en salud; b) Enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y de los cambios de la sociedad; c) Proveer servicios acordes con las expectativas de la población; y d) Mejorar los logros sanitarios alcanzados. Se trata de responder adecuadamente a una población que en conjunto es más envejecida, más educada y con mayor conciencia de sus derechos, pero que sigue presentando grandes desigualdades en las condiciones de vida, lo que se expresa en importantes brechas en las condiciones de salud y enfermedad.

La Reforma de Salud responde al interés de modificar globalmente el sistema institucional de atención de salud, incluyendo no sólo cuestiones referidas al acceso a los servicios, sino también a cuestiones inherentes al mejoramiento de ellos. Se trata de materias relacionadas con calidad de atención, recursos humanos, relación prestadores-usuarios, participación y derechos ciudadanos, administración y financiamiento, entre otros. De acuerdo a los valores y principios orientadores definidos por el gobierno, se intenta crear un nuevo sistema institucional de salud que: asegure el derecho a una atención de salud adecuada; tienda a reducir las desigualdades en salud que son evitables e injustas (lo que se conoce como “inequidades” en salud); sea solidario, mediante un esfuerzo intencionado para que “los más vulnerables tengan igual garantías que los más favorecidos”; propenda a una mayor eficiencia en el uso de los recursos; e incorpore la participación social en salud, reconociendo “a las personas como usuarios y ciudadanos ante los cuales el sistema de salud debe dar cuenta de la calidad, efectividad y oportunidad de servicio, así como del uso eficiente de los recursos” (Mensaje 1-347, 2002). Derechos, equidad, solidaridad, eficiencia y participación social constituyen el marco ético que debiera estar reflejado en los contenidos de los proyectos de Reforma de Salud y su posterior implementación, una vez transformados en ley.

Si bien ninguno de los 5 proyectos presentados por el gobierno da cuenta por sí sólo de la propuesta de Reforma de Salud, el Proyecto de Régimen de Garantías en Salud, más conocido como "Plan AUGE" (Atención Universal con Garantías Explícitas) ha sido sin duda el que ha generado mayor atención en la población. Con su aprobación culmina un proceso que se inició en mayo de 2002 y que ocupó un lugar privilegiado en las discusiones públicas. El alto interés despertado por el proyecto no es sorprendente, puesto que define un conjunto de prestaciones de salud que deberán ser cubiertas obligatoriamente por los servicios públicos y privados, con base en el pago de una prima universal y un co-pago diferenciado según nivel de ingresos. Este co-pago corresponderá al 20% del arancel de referencia, con excepción de los grupos FONASA A y B, que recibirán atención gratuita. Se contempla, además, coberturas mayores para algunas prestaciones y eventos determinados, tanto para los grupos C y D, como para los afiliados a ISAPRES.

El Proyecto AUGE establece que serán definidas Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas ciertas prestaciones, las que estarán asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud(2) . Aunque no se especifica la metodología de priorización, dejándola sujeta a un reglamento(3) , el proyecto formula los lineamientos generales que debe tener el proceso. La priorización será realizada sobre la base de análisis sanitarios y financieros. Las garantías son determinadas por el Ministerio de Salud, con base en estudios epidemiológicos que identifiquen un listado de prioridades en salud y de intervenciones que consideren la situación de salud de la población, la efectividad de las intervenciones, su contribución a la extensión o a la calidad de vida y, cuando sea posible, su relación costo efectividad. Sobre esta base se definirá un listado de enfermedades y sus prestaciones asociadas, realizando también una estimación de los costos de acuerdo con la capacidad de oferta de los sectores público y privado y la demanda potencial de tales intervenciones. La propuesta debe ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y sometida a evaluación externa. Una vez ratificada, los ministerios de Salud y de Hacienda la someterán a la consideración de un Consejo Consultivo. Este Consejo será convocado por el Ministro de Salud y estará formado por nueve miembros provenientes de los campos de medicina, salud pública, economía, bioética, derecho sanitario y otras disciplinas relacionadas. cinco de los miembros serán elegidos por universidades chilenas, en tanto uno por la Academia Chilena de Medicina. Los 3 restantes serán nombrados directamente por el Presidente de la República. El Consejo podrá solicitar estudios técnicos adicionales y proponer modificaciones dentro de los márgenes presupuestarios. Una vez atendidas las propuestas del Consejo, se determinarán las garantías explícitas, las cuales durarán 3 años.

Como se desprende de la descripción anterior, El Consejo Consultivo es la única instancia que permite incorporar la opinión de la ciudadanía sobre las prioridades sanitarias, complementando los criterios técnicos. A través de este Consejo se podrían abrir espacios de participación que permitan conocer e integrar las prioridades sociales en salud. Sin embargo, hay que considerar que la mayoría de los integrantes del Consejo son también expertos, por lo que incorporación de las demandas sociales quedaría más sujeta a la voluntad o sensibilidad frente a estos temas de los miembros individuales del Consejo, o de la posición de las instituciones que representan, como también a la capacidad de movilización de la sociedad civil organizada. De hecho, es probable que la decisión de incorporar el VIH/SIDA en las 56 atenciones AUGE no haya respondido principalmente a criterios técnicos, dados la baja proporción de sus AVISA (años de vida saludables perdidos) sobre el total nacional y los altos costos de las terapias antiretrovirales. Su incorporación respondería además a la importancia mundial que ha recibido como problema de salud pública, pero en gran parte también a las acciones de Vivo Positivo.

Mientras el Proyecto AUGE se debatía en el Congreso, el Ministerio de Salud decidió implementar un Plan Piloto con algunas prestaciones. El Piloto comenzó en el sector público en el año 2002, atendiendo 3 problemas de salud para los beneficiarios de FONASA. En el año 2003 se incorporaron 2 nuevos problemas y en este año se incorporaron 12. Los 17 problemas corresponden a casi la tercera parte de las 56 prioridades de salud propuestas por el MINSAL, respondiendo al 25% de los AVISA o carga de enfermedad de la población (MINSAL, 2004). Según afirma el MINSAL, la evaluación del Plan Piloto permitirá revisar y ajustar las garantías para la definición del primer AUGE obligatorio, que entrará en vigencia el próximo año. Esta implementación se realizará sin uno de los componentes que había sido definidos como centrales: el Fondo de Compensación Solidario.

La aprobación del Plan AUGE se produjo en el marco de fuertes críticas al gobierno por parte de las bancadas PS y PPD, quienes objetaron la supresión del Fondo de Compensación Solidario y amenazaron con abstenerse o votar en contra del proyecto, si el gobierno no reponía este Fondo en otra iniciativa legal. Negociaciones entre el gobierno y el bloque PS-PPD concluyeron con el compromiso del gobierno de reponer este punto dentro del proyecto para modificar la Ley de ISAPRES, actualmente en trámite en el Senado, otorgándole carácter de urgencia.

Los artículos que creaban el Fondo de Compensación Solidario fueron eliminados en mayo pasado, producto de las presiones de parlamentarios de derecha que manifestaron que apoyarían el proyecto sólo si tales artículos eran suprimidos. Estos formaban parte del proyecto que la Cámara de Diputados despachó al Senado en enero 2003 (Título III, artículos 22 a 28) y establecían la creación de un Fondo de Compensación Solidario cuyo objetivo era “compensar entre sí a las Instituciones de Salud Previsional y el Fondo Nacional de Salud, por concepto de ajuste de riesgos vinculados, al menos, a las variables sexo y edad de sus respectivos beneficiarios” (BOLETÍN Nº 2.947-11, 2004). En la práctica, el monto total de las primas de los beneficiarios de FONASA y afiliados a ISAPRES sería repartido entre ambos sistemas de acuerdo a la composición por sexo y edad de sus poblaciones. Esto implicaría un traslado de fondos desde las ISAPRES a FONASA, puesto que este sistema concentra a la población de mayor riesgo sanitario: mujeres en edad fértil y adultos mayores. Según el Secretario Ejecutivo de la Comisión Reforma de Salud, Hernán Sandoval, con una prima universal anual de $50.000 por beneficiario se produciría una transferencia de quince a dieciocho mil millones de pesos anuales desde las ISAPRES al FONASA. Si bien esta cifra es importante, sólo representaría el 3% del costo global del AUGE en FONASA, que ascendería a 550 mil millones de pesos y que serían cubiertos por el Estado. Por lo tanto, prosigue Sandoval, la motivación principal de la creación del Fondo no sería financiar el AUGE, sino "hacer más eficiente y más equitativo el sistema de los seguros de salud" (Sandoval, 2004:5).

Más allá del impacto financiero que podría tener el Fondo en la implementación del Plan AUGE, su eliminación debilita en gran parte la concepción global de la Reforma de Salud. Dos razones me parecen centrales. Primero, vulnera uno de los principios fundamentales de la Reforma, como es el de solidaridad entre todos los chilenos. Esto se agrava porque FONASA no sólo concentra la población de mayor riesgo, sino porque además está obligado a recibir a cualquier persona, independientemente de su riesgo financiero. El principio de solidaridad cobra sentido porque se aplica a un bien social y no a un bien que puede regirse por las leyes del mercado. Segundo, la eliminación del Fondo deja sin efecto un mecanismo que había sido definido por el gobierno como pieza clave del Plan AUGE en tanto “complemento financiero de las garantías en salud” (Sandoval, 2004:4) y uno de los 7 requisitos para el éxito del AUGE (MINSAL, 2002). Por esto, es probable que los debates sobre la reposición de un fondo solidario entre los sistemas público y privado vuelvan a surgir en el corto plazo.

En reemplazo del Fondo Solidario se ha anunciado la probable creación de un Fondo de Compensación Inter-ISAPRES. Esto permitiría respetar en parte el principio de solidaridad en la población de mayores ingresos: los afiliados a las ISAPRES compensarían entre sí las diferencias por sus riesgos sanitarios. La situación es paradojal, pues se trata de exigirle solidaridad interna a un sistema que por definición es individualista y no solidario. Un sistema basado precisamente en los riesgos individuales, que castiga con primas de mayor costo a las mujeres y los adultos mayores, cuestión llevada al extremo mediante la creación de los llamados “planes sin útero”. Las ISAPRES ya anunciaron el fin de los "planes sin útero" (proceso que culmina el próximo año) y la incorporación de las atenciones AUGE. Los afiliados al sistema de ISAPRES (alrededor del 20% de la población nacional según la Encuesta CASEN 2000) tienen claro que podrán exigir las atenciones AUGE una vez que la Ley entre vigencia. Lo que no tienen claro es si se hará efectivo el principio de solidaridad y las condiciones en que esto se producirá. En todo caso, de aprobarse el Fondo Inter-ISAPRES la solidaridad funcionará en primer término entre las mismas aseguradoras puesto que, si se aplica la misma lógica, las que concentren más población de riesgo serán las que recibirán la mayor parte del Fondo. Aunque versiones de prensa señalan que la Asociación de ISAPRES aceptaría el Fondo sin mayores modificaciones, aún quedan interrogantes sobre las condiciones en que aceptará este Fondo –si efectivamente es aceptado- y si tal mecanismo producirá algún efecto en el grupo objetivo de algunas ISAPRES.

La aprobación del Proyecto AUGE cierra un capítulo importante en el proceso de Reforma de Salud, pero abre otros. Principalmente, el futuro del Fondo de Compensación Solidario, la implementación de los proyectos hasta ahora aprobados y la aprobación del resto de los proyectos de la Reforma. En especial, el de Derechos y Deberes de las Personas en Salud, que ha sido prácticamente olvidado y descansa en la Cámara de Diputados desde el año 2001. Esto es paradojal, puesto que un sistema de salud que reconoce a la salud como un bien social al que se tiene derecho; integra la participación de las personas como usuarias y ciudadanas; y se orienta a la promoción y prevención de la salud, sólo es posible en un contexto de relaciones de mayor horizontalidad entre usuarios/as y prestadores/as de atención de salud, aspecto central de tal proyecto.

Más allá del futuro de los otros proyectos de la Reforma, la aprobación del Plan AUGE genera interrogantes sobre su propia definición e implementación. La más evidente se relaciona con los efectos de la priorización de la atención de algunas enfermedades sobre las condiciones de salud de la población nacional. En otras palabras, la priorización de la atención de algunas enfermedades en desmedro de otras (que en teoría mantendrán niveles constantes de cobertura) ¿mejorará la equidad en salud de la población en Chile? Esta interrogante es central, puesto que la equidad en salud es uno de los principios centrales de la Reforma.

Como ocurre con cualquier actividad para la que se tienen recursos finitos, la determinación de prioridades en los servicios de atención de salud es inevitable. Ello sucede en todos los países del mundo, independientemente de que sus sistemas de atención de salud tengan un carácter principalmente público o privado, del monto de recursos con que se cuente, de la orientación de las políticas sociales, o del grado de igualdad de los sistemas de salud o de la sociedad en su conjunto. La determinación de prioridades en salud ocurre simultáneamente en distintos niveles: macro (sistema de salud); intermedio (instituciones); y micro (pacientes) (Martin, D. y P. Singer, 2003). Las decisiones que se toman en un nivel impactan en los otros y muchas veces no existe relación o contacto entre un nivel y los otros.

Tradicionalmente, los médicos han jugado un rol principal en el acceso de los pacientes a determinados tratamientos. Gran parte de estas decisiones –o priorizaciones- han sido implícitas. Los problemas de recursos y el aumento de las expectativas de los pacientes han cuestionado la priorización implícita, lo que ha llevado a que en muchos países se determinen prioridades en forma explícita, mediante la constitución de comités y grupos de expertos (Coultter y Ham, 2001). Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población, los avances en la medicina y los mayores niveles de educación de la población generan mayores demandas sobre los sistemas de atención de salud. Esta situación, que ocurrió en los países desarrollados, está ocurriendo también en los países en desarrollo, especialmente en América Latina.

Las reformas de salud implementadas en América Latina y en otras partes del mundo han estado orientadas a definir formas más eficientes de utilización de los recursos disponibles, con el objetivo de responder a las mayores demandas. El desarrollo que la economía de la salud ha tenido en los últimos años se asocia precisamente a la necesidad encontrar mecanismos que permitan lograr mayores niveles de eficiencia. Las polémicas entre médicos y economistas se producen fundamentalmente porque las decisiones a nivel macro tensionan las mismas bases del acto médico: el respeto al juramento hipocrático se ve amenazado por restricciones que están fuera del ámbito de la medicina. Esto también ha impactado el desarrollo de la ética médica, abriendo el paso al desarrollo de una bioética centrada en la salud de la población y las políticas de salud, en tanto la salud de las personas y su acceso a los servicios de atención de salud en una sociedad determinada, dependen del grado de justicia de esa misma sociedad (Ferrer, M. 2003).

Existen diversos enfoques sobre priorización en salud y no existe consenso sobre cuál es el más apropiado o justo. Distintas teorías de justicia social, -utilitarismo, igualitarismo o comunitarismo-, llegan a distintos resultados. Los enfoques económicos son útiles pero tienen limitaciones prácticas y enfatizan determinados valores, en especial la eficiencia, sobre lo cual tampoco hay consenso (Martin, D. y P. Singer, 2003). Un análisis comparativo de experiencias de priorización en salud desarrolladas en varios países (Coulter, A. y C. Ham, 2001) concluye en que no hay soluciones simples o técnicas: el establecimiento de prioridades en salud es un proceso continuo y es necesario establecer mecanismos para su continua revisión. Atendiendo precisamente al proceso, y frente a la inexistencia de consensos sobre cómo establecer prioridades en salud, el filósofo norteamericano Norman Daniels, basándose en la teoría de justicia de John Rawls, plantea que una justa priorización en salud es posible mediante un proceso justo. A juicio de Daniels, el proceso es justo cuando: las decisiones y sus fundamentos son públicos; los fundamentos aluden a razones (evidencia y principios) que las personas pueden aceptar como relevantes para el contexto; las decisiones pueden ser sometidas a revisión y apelación; y existe un mecanismo legal o normativo que asegura que las tres condiciones anteriores se cumplan. La idea es transformar las decisiones de las entidades de salud públicas o privadas en parte de procesos de discusión más amplios, sobre cómo utilizar recursos limitados para proteger en forma justa la salud de una población con diversas necesidades (Daniels, 2001; Daniels N. y J. Sabin, 2002). Más allá de su vinculación con la justicia, y tal como afirma Daniels, este enfoque permite enfrentar el problema de legitimidad o autoridad moral de los tomadores de decisiones en salud.

La legitimidad del AUGE es, precisamente, uno de los puntos más cuestionados en el debate público. Los trabajadores y profesionales de la salud, y muy en particular el Colegio Médico, han señalado en reiteradas ocasiones que fueron excluidos del proceso de formulación. También pareciera que la población tiene un desconocimiento o confusión de lo que significa el AUGE, lo que se ha visto acentuado por las campañas públicas anti-AUGE, organizadas y financiadas por el Colegio Médico. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos en 2002 encontró que 75% de los entrevistados dijeron saber poco o nada del AUGE. La misma encuesta señala que 75% de los entrevistados piensa que los gremios de la salud están más preocupados de sus propios intereses que de los intereses de los pacientes (Lehmann, C. 2002). No cabe duda de que el proceso de formulación del AUGE, y de la Reforma de Salud en su conjunto, requiere de un análisis más profundo. Pero tampoco cabe duda de que los cuestionamientos sobre la legitimidad, o la ausencia de consenso sobre sus contenidos, impactarán negativamente en su implementación, especialmente por las resistencias de los grupos que se sienten excluidos del proceso.

Reconociendo la existencia de consenso sobre la necesidad de establecer prioridades en salud y la inexistencia de consenso sobre los criterios para tomar tales decisiones, preguntarse sobre el efecto de la priorización AUGE en la equidad en salud de la población pareciera dejar de tener sentido. La noción de equidad en salud alude a desigualdades justas y, por tanto, corresponde a una definición ética sobre la que no hay acuerdo. Esto no significa, sin embargo, que la equidad pierda su valor como principio orientador de política. Significa que pierde su valor como objetivo de política, puesto que no se puede evaluar. En términos operacionales puede hablarse de “disminución de las diferencias en salud” (o más bien de la enfermedad, que es lo que efectivamente se mide), quedando pendiente la interpretación de tal disminución (Ferrer, M. 2003). Tal vez por ello, el Proyecto AUGE señala que busca”reducir las desigualdades evitables e injustas, por la vía de otorgar mayores niveles de protección social y acceso universal a la atención de salud” (Mensaje 1-347, 2002).

Aunque por muchos años la salud se entendió fuertemente ligada a la práctica de la medicina, se ha demostrado que las diferencias en las condiciones de salud de las personas dependen más de factores socioeconómicos, ambientales, sociodemográficos, culturales o de género, que del acceso a los servicios de atención de salud. Desigualdades en salud han sido detectadas en Canadá (Dennis, R. 2001) y el Reino Unido (Fitzpatrick, J., Hofman, D. y B. Jacobson. 2004), ambos parte del mundo desarrollado con políticas universales de acceso a los servicios de atención de salud. Desigualdades en salud en América Latina según diversas variables socioeconómicas también han sido demostradas (Casas J. A., Dachs N. y L. Bambas, 2001. Dachs, N. et al, 2002). Chile no es una excepción, siendo posible encontrar diferencias de más de diez años en la esperanza de vida según comuna de residencia (Sandoval H, 2002). Desde otra perspectiva, el énfasis en la modificación de los estilos de vida como medida de promoción de la salud y prevención de la enfermedad es también resultado de la constatación de la influencia limitada de los servicios de atención de salud en la salud de las personas. La salud es, ante todo, un fenómeno multidimensional. Por ello, la búsqueda de la equidad en salud también es multidimensional, incluyendo los aspectos relacionados con el logro y posibilidad de alcanzar una buena salud y no sólo con el acceso a los servicios de atención de salud. Como dice Amartya Sen (2002) el compromiso con la equidad en salud requiere poner atención en la ausencia de discriminación en la distribución de los servicios de atención de salud, pero también requiere que las consideraciones sobre la salud se integren en temas más amplios de la justicia social y la equidad global.

El siglo XXI plantea grandes desafíos para la salud pública de Chile y el mundo. A la presión que ya ejerce el envejecimiento de la población, los avances en la medicina y una población cada día más conciente de sus derechos, se sumarán las aplicaciones que ahora promete la investigación genómica. Ello planteará nuevos dilemas de justicia en salud y del acceso a servicios de atención de salud (Buchanan, A. et al. 2001). Por ello, la equidad en salud requiere de enfoques globales y políticas intersectoriales que reconozcan la multidimensionalidad de la salud y, por tanto, la imposibilidad de lograrla exclusivamente por la vía del aumento de los servicios de atención de salud.

La equidad en salud es uno de los principios que orientan la actual propuesta de Reforma de Salud en Chile. El Plan AUGE busca disminuir las desigualdades evitables e injustas en salud, lo que se conoce como equidad, por la vía de entregar acceso universal a un conjunto priorizado de atenciones. Aunque existe consenso en la inevitabilidad de priorizar en salud, no existe consenso sobre los criterios que permiten una justa distribución de los recursos. Aún manteniendo pendiente la respuesta sobre la justicia, un análisis del proceso de priorización puede arrojar luces sobre su legitimidad, entendiéndola como condición necesaria para su implementación. Los efectos del Plan AUGE sobre la equidad en el acceso a los servicios de salud podrán ser evaluados en el futuro. Sin embargo, ya se sabe que sus efectos sobre la equidad en salud serán limitados, puesto que está demostrado que el acceso a los servicios de atención de salud explica sólo una parte de las condiciones de salud. La salud es, ante todo, un fenómeno multidimensional. Por eso, el logro de la equidad en salud requiere de acciones intersectoriales e intervenciones más amplias orientadas a la justicia social.

(1) Sociólóga (Universidad de Chile), MHSc en Bioética (Universidad de Toronto). Profesora del Departamento de Políticas Públicas, Instituto de Asuntos Públicos INAP, Universidad de Chile.

(2) Dentro de las disposiciones transitorias, se establece las fechas y modalidades en que comenzará a regir el Plan AUGE: las Garantías Explicitas se aplicarán a un máximo de 25 patologías o enfermedades en el año 2005, aumentándose a un máximo de 40 en 2006 y a un máximo de 56 en 2007. Los valores anuales de la Prima Universal no excederán de 1.02, 2.04 y 3.06 unidades de fomento, respectivamente.

(3)Para la determinación de las 56 atenciones AUGE se convocó a un grupo de trabajo formado por profesionales del MINSAL, FONASA, Superintendencia de ISAPRES; Universidades, en consulta con Sociedades Científicas y otros grupos. El grupo definió una metodología para la determinación de cada garantía. Para una descripción de la metodología véase MINSAL, 2002. Construyendo una política pública en salud. Plan AUGE: Una base sanitaria para la Reforma del Sistema de Salud Chileno. Documento de Trabajo para los talleres “Planificando el futuro de la salud”. Ministerio de Salud MINSAL-Chile. Marzo de 2002.

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