EDITORIAL
Durante la última década se ha asentado
en el país un fuerte debate respecto de las políticas
más apropiadas para reducir los niveles de delincuencia y de
inseguridad subjetiva frente al delito. Este número de la Agenda
Pública publicada por el Departamento de Gobierno del Instituto
de Asuntos Públicos recoge investigaciones en realización
al interior del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestro
Instituto. Tres de ellas enfatizan el funcionamiento de las instituciones
y los requerimientos que éstas deben asumir para una efectiva
modernización democrática del sistema de justicia penal.
Una de ellas, escrita por el profesor Olavarría, realiza un diagnóstico
del perfil de las víctimas de delincuencia común en Chile.
El profesor Hugo Frühling describe un programa
de transformaciones que requiere la policía en América
Latina que es el producto de investigaciones empíricas por él
realizadas Este es el único de los artículos que componen
esta Agenda que enfoca la realidad de toda la región. Sin embargo,
a pesar de centrarse en muchos países, sus conclusiones son en
muchos aspectos plenamente válidas para nuestro país.
Contamos con policías que reciben un respaldo fuerte del público,
pero su realidad actual no debe ser vista con complacencia para asegurar
mayores cambios y transparencia de su actuar a futuro.
El investigador Francisco Prado desestima las conclusiones
fáciles respecto de la relación simple entre mayor número
de reclusos y mayores índices de seguridad ciudadana. De paso
problematiza el impacto que el hacinamiento carcelario tiene sobre los
programas de reinserción de reclusos y la necesidad de considerar
sanciones alternativas.
Alejandra Mohor y Victor Covarrubias analizan el impacto
de la reforma procesal penal respecto de los índices de victimización,
de inseguridad y las tasas de denuncias de delitos. Sus conclusiones
derriban algunos mitos fuertemente asentados, en el sentido que las
mayores garantías procesales que entrega la reforma redundarían
en mayor temor al crimen y más delincuencia. Ese no parece ser
el caso.
Finalmente, el estudio del profesor Olavarría
nos indica como se encuentra Chile en materia de inseguridad ciudadana
en comparación con otros países y da cuenta que en términos
generales nuestra sociedad se encuentra afectada por delitos de motivación
patrimonial que no parecen ser, en su mayoría, de gran monto
pecuniario. Del estudio se desprende que el país tiene un problema
importante, aunque no de la entidad que se desprende del debate público.
Asimismo, dada la existencia de modalidades delictuales diversas que
afectan a blancos distintos, resalta la importancia de diseñar
políticas y medidas focalizadas a cada caso.
En suma, se hace presente la necesidad de intensificar
los estudios sobre la realidad delictual en nuestro país, sobre
el funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia penal
y sobre el impacto de las políticas públicas en ejecución.
El aporte de los centros de pensamiento universitario es crucial a ese
respecto.
Prof.
Hugo Frühling
Editor Invitado
El
desafío de la reforma policial en américa Latina