AÑO II - Nº3, SEPTIEMBRE 2003
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ISSN 0718-123X   

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EDITORIAL
 

INTERÉS PÚBLICO

La Escuela de Postgrado al Día.
Aldo Meneses

¿Resolución o manejo de conflictos en Chile?
Sergio Salinas

Definir metas de desarrollo, un ejercicio saludable.
Cecilia Montero

 

OPINIÓN

Recomendaciones para el fortalecimiento de la Política Pública de Descentralización en Chile - Pablo Monje.

 
AGENDA

Escuela de Formación Cívica para Líderes Secundarios

Comienzan Pasantías de la Didacteca Internacional en Administración Pública

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Parlamentarios mexicanos se capacitan en el INAP

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Director de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política Visitó el INAP

Nuevo Libro del Profesor Luis Oro

El Papel del Estado en la Administración y Financiamiento de las Universidades

 

NUMEROS ANTERIORES

 

OPINIÓN
Recomendaciones para el fortalecimiento de la Política Pública de Descentralización en Chile

Pablo Monje
Departamento de Gobierno y Gestión Pública

El profesor Pablo Monje sostiene en sus recomendaciones que la descentralización no es viable sin una mayor participación de la ciudadanía y una reforma al sistema político chileno que permita la expresión verdadera de la diversidad nacional.

Estas recomendaciones tienen que ver con el sistema político y con la descentralización de poder que hace referencia -en gran medida- al diseño institucional del país y a los efectos en la relación centro-región. No se busca diseñar el derrotero de la política descentralizadora, pero sí están implícitas las ambiciones de un simple ciudadano, que cree que fenómenos de mayor desconcentración política y administrativa sin contemplar la participación de las sociedades locales y regionales, van en contra del fortalecimiento del sistema democrático de gobierno. Las recomendaciones apuntan a tratar de aminorar los efectos de este fenómeno y de fortalecer la participación de la gente en el gobierno nacional y en los subnacionales.

Si se entiende que una política pública de descentralización busca como meta -desde el punto de vista territorial- disminuir la brecha entre el Estado y la sociedad civil en su ámbito político y administrativo, se debe potenciar la participación de la ciudadanía en las estructuras político decisionales; es decir, perfeccionar el sistema de participación en la generación de autoridades regionales, por medio de la elección directa del Presidente y del consejo regional.

Para conseguir lo anterior se debe dar paso a una reforma al sistema de partidos políticos, donde su conformación no se determine por su representación nacional, sino por su formación territorial. Es decir, que los representantes político-partidarios deban poseer como condición básica -antes de proponerse- el respaldo de la comunidad que piensan representar y prohibir la designación nacional de candidatos.

Por consiguiente, se debe potenciar la instrucción y desarrollo de cuerpos directivos públicos y/o políticos en regiones, que permita nutrir a las elites regionales de miembros más autónomos a la influencia nacional. Concretamente, se deben crear colegios regionales de Gobierno y Gestión Pública.

Otro elemento al que se debe tomar atención es la elaboración de la agenda pública nacional. Metodológicamente debería ser construida a partir de la discusión entre los parlamentarios, el poder ejecutivo, la sociedad civil, los gobiernos regionales y locales, con el objetivo de cautelar su dimensión territorial. Además, esta construcción de agenda debe estar orientada por principios de discriminación positiva. Ello significa que zonas más débiles al interior de una región o una región completa con respecto al país, deben ser privilegiadas en el momento de tomar las decisiones, con respecto a otras poseedoras de mayores beneficios por parte de las políticas de desarrollo nacional.

De hecho, la estructuración centralizada de una agenda pública, que es desarrollada por una elite política que vive y disfruta de los goces del centralismo y en donde las elites regionales se conforman con pequeños espacios de participación y de valoración, hacen que el modelo democrático no se pueda profundizar, ya que se generan equilibrios y fáciles consensos sobre el modelo de gestión del Estado. Por tanto, un opositor y crítico momentáneo a favor de la descentralización, sólo espera el desgaste del otro en el Gobierno, para tener la oportunidad de vivir de las granjerías del poder centralizado, su institucionalidad y cultura.

En términos de los gobiernos regionales, se debe inhibir la reproducción de las conductas clientelistas que capturan el sistema político, que sólo potencian a los grupos de apoyo de las elites regionales. Esto se debe realizar tanto a través de formas de control ciudadano, como por la participación en la elaboración de los planes y presupuestos de desarrollo regional y local; además de la posibilidad de hacer pactos provinciales con mayor autonomía hacia el Gobierno regional y central. Se debe considerar también, que el consejo regional tenga además de atribuciones fiscalizadoras y evaluativas de la gestión del presidente regional, la capacidad de destituirlo.

Quizás gran parte de las propuestas son totalmente discutibles, y es de esperar que se debatan para poder defenderlas y avanzar en una democracia territorial, que no esté por la homogeneidad del país, sino por su diversidad cultural, geográfica y política. Una democracia debe apuntar a la diferenciación y a la expresión de cada una de esas diferencias que existe en una sociedad.

Por último, acabar con los fenómenos mencionados pasa por hacer una refundación de principios y valores, que deben nacer a partir de la discusión de un nuevo orden en la participación de la gente, donde ellos reconozcan su rol protagonista en el sistema democrático. Además, comprender que la acción de gobernar no es ajena a ellos, sino que es parte de su condición de hombres y mujeres viviendo en sociedad; por consiguiente, logren entender que la forma de gobernarse la construyen ellos mismos. En otras palabras, ponerse de acuerdo tanto en los medios como en los fines del sistema democrático. Estos acuerdos se deben lograr en la interacción entre gobernantes y gobernados teniendo en cuenta los espacios territoriales en donde se produce esta relación, como pueden ser la manzana, el barrio, la comuna, la provincia o la región. Al considerar estos elementos se logra construir un modelo democrático más participativo, que permite a la gente evaluar y controlar la acción política de los representantes en quienes han delegado el ejercicio de gobernar.

 

AGENDA PÚBLICA / AÑO II– N° 3 - Septiembre 2003

®Agenda Pública, Preparada por el Departamento de Gobierno y Gestión Pública
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.