El profesor Pablo Monje sostiene
en sus recomendaciones que la descentralización no es viable
sin una mayor participación de la ciudadanía y una reforma
al sistema político chileno que permita la expresión verdadera
de la diversidad nacional.
Estas recomendaciones tienen que ver con el sistema político
y con la descentralización de poder que hace referencia -en gran
medida- al diseño institucional del país y a los efectos
en la relación centro-región. No se busca diseñar
el derrotero de la política descentralizadora, pero sí
están implícitas las ambiciones de un simple ciudadano,
que cree que fenómenos de mayor desconcentración política
y administrativa sin contemplar la participación de las sociedades
locales y regionales, van en contra del fortalecimiento del sistema
democrático de gobierno. Las recomendaciones apuntan a tratar
de aminorar los efectos de este fenómeno y de fortalecer la participación
de la gente en el gobierno nacional y en los subnacionales.
Si se entiende que una política pública
de descentralización busca como meta -desde el punto de vista
territorial- disminuir la brecha entre el Estado y la sociedad civil
en su ámbito político y administrativo, se debe potenciar
la participación de la ciudadanía en las estructuras político
decisionales; es decir, perfeccionar el sistema de participación
en la generación de autoridades regionales, por medio de la elección
directa del Presidente y del consejo regional.
Para conseguir lo anterior se debe dar paso a una reforma
al sistema de partidos políticos, donde su conformación
no se determine por su representación nacional, sino por su formación
territorial. Es decir, que los representantes político-partidarios
deban poseer como condición básica -antes de proponerse-
el respaldo de la comunidad que piensan representar y prohibir la designación
nacional de candidatos.
Por consiguiente, se debe potenciar la instrucción
y desarrollo de cuerpos directivos públicos y/o políticos
en regiones, que permita nutrir a las elites regionales de miembros
más autónomos a la influencia nacional. Concretamente,
se deben crear colegios regionales de Gobierno y Gestión Pública.
Otro elemento al que se debe tomar atención es
la elaboración de la agenda pública nacional. Metodológicamente
debería ser construida a partir de la discusión entre
los parlamentarios, el poder ejecutivo, la sociedad civil, los gobiernos
regionales y locales, con el objetivo de cautelar su dimensión
territorial. Además, esta construcción de agenda debe
estar orientada por principios de discriminación positiva. Ello
significa que zonas más débiles al interior de una región
o una región completa con respecto al país, deben ser
privilegiadas en el momento de tomar las decisiones, con respecto a
otras poseedoras de mayores beneficios por parte de las políticas
de desarrollo nacional.
De hecho, la estructuración centralizada de una
agenda pública, que es desarrollada por una elite política
que vive y disfruta de los goces del centralismo y en donde las elites
regionales se conforman con pequeños espacios de participación
y de valoración, hacen que el modelo democrático no se
pueda profundizar, ya que se generan equilibrios y fáciles consensos
sobre el modelo de gestión del Estado. Por tanto, un opositor
y crítico momentáneo a favor de la descentralización,
sólo espera el desgaste del otro en el Gobierno, para tener la
oportunidad de vivir de las granjerías del poder centralizado,
su institucionalidad y cultura.
En términos de los gobiernos regionales, se debe
inhibir la reproducción de las conductas clientelistas que capturan
el sistema político, que sólo potencian a los grupos de
apoyo de las elites regionales. Esto se debe realizar tanto a través
de formas de control ciudadano, como por la participación en
la elaboración de los planes y presupuestos de desarrollo regional
y local; además de la posibilidad de hacer pactos provinciales
con mayor autonomía hacia el Gobierno regional y central. Se
debe considerar también, que el consejo regional tenga además
de atribuciones fiscalizadoras y evaluativas de la gestión del
presidente regional, la capacidad de destituirlo.
Quizás gran parte de las propuestas son totalmente
discutibles, y es de esperar que se debatan para poder defenderlas y
avanzar en una democracia territorial, que no esté por la homogeneidad
del país, sino por su diversidad cultural, geográfica
y política. Una democracia debe apuntar a la diferenciación
y a la expresión de cada una de esas diferencias que existe en
una sociedad.
Por último, acabar con los fenómenos mencionados
pasa por hacer una refundación de principios y valores, que deben
nacer a partir de la discusión de un nuevo orden en la participación
de la gente, donde ellos reconozcan su rol protagonista en el sistema
democrático. Además, comprender que la acción de
gobernar no es ajena a ellos, sino que es parte de su condición
de hombres y mujeres viviendo en sociedad; por consiguiente, logren
entender que la forma de gobernarse la construyen ellos mismos. En otras
palabras, ponerse de acuerdo tanto en los medios como en los fines del
sistema democrático. Estos acuerdos se deben lograr en la interacción
entre gobernantes y gobernados teniendo en cuenta los espacios territoriales
en donde se produce esta relación, como pueden ser la manzana,
el barrio, la comuna, la provincia o la región. Al considerar
estos elementos se logra construir un modelo democrático más
participativo, que permite a la gente evaluar y controlar la acción
política de los representantes en quienes han delegado el ejercicio
de gobernar.